El ministro de Minas, Hidrocarburos y Desarrollo Minero, compareció este jueves 12 de febrero para explicar el alcance de las recientes disposiciones adoptadas por su departamento en materia de venta y subvención de combustibles, tras las quejas ciudadanas y la confusión generada en varias estaciones de servicio del país.
La comparecencia fue solicitada por los propios diputados, quienes trasladaron al ejecutivo el malestar de la población ante la supuesta limitación de repostaje a 50 litros por vehículo y la restricción de venta de gasolina en recipientes. Desde el inicio de su intervención, el ministro enmarcó las medidas dentro del actual contexto económico, subrayando la necesidad de aplicar una reducción limitada de la subvención del combustible para preservar el equilibrio de la tesorería del Estado.
Según explicó, las disposiciones se sustentan en los decretos que establecen la nueva estructura de precios de los productos refinados así como en la normativa que prohíbe la venta ambulante, clandestina e ilegal de combustible en todo el territorio nacional. En ese marco, también se estableció la prohibición de venta de queroseno a personas físicas o jurídicas con fines comerciales, industriales o vinculados a la ejecución de infraestructuras y grandes obras.
Límite de 100 litros por servicio en relación con las cantidades subvencionadas, el titular del departamento precisó que el límite máximo fijado es de 100 litros por vehículo para gasolina y gasóleo, y 40 litros para el petróleo lampante. No obstante, aclaró que esta limitación no es diaria, sino por servicio, lo que permite a un conductor repostar nuevamente en la misma estación o en otra si requiere mayor cantidad.
De manera expresa, negó que exista una medida oficial que impida repostar más de 50 litros por vehículo y aseguró que el ministerio remitió a las empresas distribuidoras el contenido del artículo correspondiente para evitar interpretaciones erróneas.Venta en recipientes y aclaración ministerial otro de los puntos que generó debate fue la prohibición inicial de venta de gasolina en recipientes.
El ministro explicó que esta decisión se adoptó en virtud de las competencias del ministerio tutor para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa, frenar la comercialización clandestina y reducir el impacto financiero que representa para el Estado el diferencial CIF es decir, la diferencia entre el precio real del mercado y el precio subvencionado.Sin embargo, reconoció que la orden ministerial provocó tensiones e interpretaciones dispares entre estaciones de servicio, autoridades locales y consumidores.
La situación se vio agravada tras el incendio registrado en el barrio Timbabe, en Malabo, presuntamente relacionado con el uso de gasolina.Ante ese escenario, el ministerio emitió un aviso circular aclaratorio autorizando la venta de hasta cinco litros de gasolina en recipiente por persona al día.
Críticas parlamentarias y otras preocupaciones durante el turno de intervenciones, varios diputados consideraron que la limitación de cinco litros no se ajusta a la realidad de numerosas familias, especialmente en zonas rurales donde el uso de grupos electrógenos es habitual, así como entre pescadores y taxistas que dependen del combustible para su sustento. Asimismo, señalaron que no debe atribuirse a los ciudadanos la principal responsabilidad de los incendios.
Los parlamentarios también solicitaron explicaciones sobre la actual escasez de gas doméstico, el estado del proyecto de construcción de una refinería nacional y las condiciones de seguridad medioambiental y laboral en las estaciones de servicio.En respuesta, el ministro indicó que la escasez de gas se ha visto agravada por el incremento irregular de precios por parte de algunos vendedores, lo que motivó la suspensión de varias autorizaciones.
Respecto a los cortes de suministro eléctrico en Malabo, informó que la planta de turbo gas atraviesa un proceso de transición que incluye auditorías en todos sus sistemas.La sesión concluyó con nuevas recomendaciones de los diputados, quienes insistieron en la necesidad de adoptar medidas que repercutan directamente en el bienestar de la población.
Por su parte, el ministro reiteró el compromiso de su departamento de mejorar la aplicación de las disposiciones vigentes, garantizando tanto la sostenibilidad de la subvención estatal como la protección de los intereses ciudadanos.
