Durante un encuentro con responsables de talleres mecánicos y otros actores vinculados al manejo de residuos, Federico Ngui Nguema Obono explicó que el objetivo principal de este decreto es detener la salida de residuos potencialmente aprovechables del país, como chatarra, residuos líquidos y materiales reciclables.
Según señaló, el Ministerio del Interior y Administración Local, a través de la Dirección General de Gestión de Residuos, tiene la responsabilidad de divulgar, sensibilizar e informar a la población y a las autoridades locales sobre la importancia de aplicar correctamente esta normativa.
El responsable destacó que el Gobierno ha recibido varias quejas relacionadas con el manejo inadecuado de residuos, especialmente en vertederos municipales y en la acumulación de desechos industriales procedentes de talleres mecánicos y algunas empresas.
En este sentido, subrayó que los residuos industriales representan un recurso valioso dentro del concepto de economía circular, por lo que el reciclaje se encuentra actualmente entre las prioridades del Gobierno. Esta política busca evitar la exportación o el desperdicio de materiales que pueden ser reutilizados y transformados en oportunidades económicas.
Asimismo, insistió en la importancia de proteger el medio ambiente, recordando que la conservación ambiental forma parte de las responsabilidades del Ministerio del Interior y Administración Local en coordinación con otras instituciones.
El objetivo del Ejecutivo es impulsar la economía circular y fortalecer el reciclaje, aprovechando el potencial económico de los residuos que anteriormente eran exportados o simplemente desechados.
Para lograr una implementación efectiva del decreto, el Director General destacó que es necesaria la colaboración de todos los actores, incluidos los organismos del Gobierno, las autoridades locales, los productores y las empresas que gestionan residuos.
Durante la reunión, el Director General estuvo acompañado por el alcalde presidente del Ayuntamiento Central de Bata, Francisco García Garsen.
Al término del encuentro, las autoridades concedieron un plazo de 90 días a los propietarios de talleres para corregir las irregularidades detectadas y mejorar las condiciones en las que actualmente operan algunos de estos establecimientos.
