La entrada en vigor de la Ley Nº 10/2025 representa un avance hacia una administración pública más transparente y organizada. La normativa fija de manera oficial los precios de los distintos trámites, reduciendo prácticas indebidas dentro de las instituciones del Estado.
Para evitar cobros ilegales, informarse antes de acudir a un trámite es fundamental. Conocer las tarifas oficiales permite identificar cualquier solicitud de pago no autorizado.
Otro paso esencial es exigir comprobantes de pago. Todo abono debe contar con un recibo oficial emitido por la institución correspondiente, que sirve como respaldo ante cualquier reclamación.
Además, la participación ciudadana es clave. Las autoridades instan a denunciar cobros indebidos o irregularidades, lo que ayuda a identificar fallos, sancionar conductas inapropiadas y fortalecer los mecanismos de control.
La ley también fomenta una cultura de transparencia y responsabilidad, promoviendo la divulgación de información clara sobre tasas oficiales para que todos los ciudadanos puedan consultarlas fácilmente.
