El Gobierno ha dado siete días a Sogea-Satom para definir el futuro de las obras en la Ciudad de la Paz, actual capital del país. La medida busca reactivar proyectos clave y fijar fechas concretas de entrega.
La Ciudad de la Paz, capital administrativa de Guinea Ecuatorial, se encuentra en el centro de una nueva ofensiva del Ejecutivo para desbloquear proyectos públicos. El Gobierno ha fijado un plazo de una semana a la empresa Sogea-Satom para que presente un plan detallado que permita retomar el ritmo de las obras y establecer fechas claras de finalización.
La decisión fue adoptada en Malabo durante una reunión de trabajo presidida por el Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, junto a la comisión encargada del seguimiento de las infraestructuras del Estado. El objetivo: evaluar avances, detectar problemas y aplicar medidas inmediatas.
Durante el encuentro, los responsables de la empresa señalaron que dos de los cinco proyectos podrían entregarse en julio. No obstante, advirtieron de posibles retrasos debido a la escasez de materiales, especialmente el betún asfáltico importado desde Oriente Medio, una región afectada por tensiones que complican el suministro.
La respuesta del Ejecutivo fue tajante. El Vicepresidente insistió en que estos obstáculos no pueden frenar las obras y recomendó buscar alternativas en mercados africanos como Nigeria, Togo o Benín para asegurar el abastecimiento.
Sogea-Satom deberá ahora presentar un cronograma definitivo que detalle tanto el reinicio como la entrega de los proyectos. Al mismo tiempo, Geproyectos y las empresas supervisoras revisarán el estado de las tres obras restantes, con el objetivo de ajustar los costes a los precios reales del mercado tras detectarse sobrecostes en fases anteriores.
La revisión también se extiende a otras infraestructuras del país. En la isla de Bioko, unas treinta obras presentan distintos niveles de ejecución. Algunas ya están en funcionamiento sin haber sido entregadas oficialmente, mientras que otras se sitúan entre el 80 % y el 90 % de avance.
Uno de los casos más destacados es el del edificio del Tribunal Constitucional en la Ciudad de la Paz. Tras una nueva evaluación, el coste pendiente pasó de 8.000 millones a 1.500 millones de francos CFA, lo que supone un importante ahorro para el Estado.
Con estas acciones, el Gobierno refuerza su control sobre los proyectos públicos, con la mirada puesta en garantizar su finalización en plazos razonables y con costes ajustados a la realidad económica.
