La reclamación de los funcionarios centró este miércoles una reunión de alto nivel presidida por el vicepresidente de la República en el Palacio del Pueblo de Malabo, en la que participaron además el Primer Ministro del Gobierno, responsables del Ministerio de Hacienda, la Tesorería General del Estado y la Gendarmería Nacional.
Durante el encuentro, los técnicos afectados expusieron que los pagos por los servicios prestados en plataformas petroleras y empresas energéticas son transferidos regularmente por las compañías operadoras a las cuentas del ministerio competente, con el objetivo de cubrir los honorarios correspondientes al personal especializado encargado de esas operaciones.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que esos fondos no llegaron a sus destinatarios y que la deuda se remonta a la etapa de gestión del anterior equipo ministerial, acumulando una cifra superior a los 500 millones de francos CFA.
Según la información presentada en la reunión, los recursos económicos habrían sido ingresados en tiempo y forma por las empresas del sector, pero los pagos nunca se ejecutaron a favor de los profesionales. Esta situación ha levantado sospechas sobre una posible desaparición o uso irregular de los fondos asignados para cubrir dichos servicios técnicos.
El actual ministro de Hidrocarburos, , explicó ante la comisión las medidas adoptadas desde su llegada al departamento, entre ellas la suspensión de determinados contratos de mantenimiento y la revisión exhaustiva de las obligaciones financieras heredadas.
Oburu Ondo aclaró que su administración optó por reorganizar el sistema de pagos al considerar que los fondos transferidos por las empresas están destinados exclusivamente a remunerar a los técnicos que ejecutan servicios concretos en periodos determinados, y no pueden ser utilizados para cubrir deudas acumuladas de ejercicios anteriores.
Tras escuchar a las partes, el vicepresidente reafirmó que todo pago realizado por las compañías debe llegar íntegramente a los profesionales que ejecutaron el trabajo, al tratarse de derechos adquiridos por prestación efectiva de servicios.
En este contexto, ordenó acelerar las gestiones necesarias para garantizar la liquidación de los honorarios pendientes y anunció la apertura de un rastreo minucioso para determinar el destino exacto de los fondos.
La investigación buscará establecer responsabilidades administrativas y penales sobre el presunto desvío de recursos públicos, con el objetivo de llevar ante la justicia a los implicados, en caso de confirmarse irregularidades.
El vicepresidente trasladó además un mensaje de tranquilidad a los funcionarios afectados, asegurando que el Ejecutivo trabaja para restituir los pagos legítimamente adeudados y reforzar los mecanismos de control financiero dentro de la administración pública. Nguema Obiang Mangue, en el Palacio del Pueblo de Malabo, en la que participaron además el Primer Ministro del Gobierno, responsables del Ministerio de Hacienda, la Tesorería General del Estado y la Gendarmería Nacional.
Durante el encuentro, los técnicos afectados expusieron que los pagos por los servicios prestados en plataformas petroleras y empresas energéticas son transferidos regularmente por las compañías operadoras a las cuentas del ministerio competente, con el objetivo de cubrir los honorarios correspondientes al personal especializado encargado de esas operaciones.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que esos fondos no llegaron a sus destinatarios y que la deuda se remonta a la etapa de gestión del anterior equipo ministerial, acumulando una cifra superior a los 500 millones de francos CFA.
Según la información presentada en la reunión, los recursos económicos habrían sido ingresados en tiempo y forma por las empresas del sector, pero los pagos nunca se ejecutaron a favor de los profesionales. Esta situación ha levantado sospechas sobre una posible desaparición o uso irregular de los fondos asignados para cubrir dichos servicios técnicos.
El actual ministro de Hidrocarburos, , explicó ante la comisión las medidas adoptadas desde su llegada al departamento, entre ellas la suspensión de determinados contratos de mantenimiento y la revisión exhaustiva de las obligaciones financieras heredadas.
Oburu Ondo aclaró que su administración optó por reorganizar el sistema de pagos al considerar que los fondos transferidos por las empresas están destinados exclusivamente a remunerar a los técnicos que ejecutan servicios concretos en periodos determinados, y no pueden ser utilizados para cubrir deudas acumuladas de ejercicios anteriores.
Tras escuchar a las partes, la segunda figura política del país reafirmó que todo pago realizado por las compañías debe llegar íntegramente a los profesionales que ejecutaron el trabajo, al tratarse de derechos adquiridos por prestación efectiva de servicios.
En este contexto, ordenó acelerar las gestiones necesarias para garantizar la liquidación de los honorarios pendientes y anunció la apertura de un rastreo minucioso para determinar el destino exacto de los fondos.
La investigación buscará establecer responsabilidades administrativas y penales sobre el presunto desvío de recursos públicos, con el objetivo de llevar ante la justicia a los implicados, en caso de confirmarse irregularidades.
El vicepresidente Nguema Obiang trasladó además un mensaje de tranquilidad a los funcionarios afectados, asegurando que el Ejecutivo trabaja para restituir los pagos legítimamente adeudados y reforzar los mecanismos de control financiero dentro de la administración pública.
