‎El Ministerio de Seguridad Nacional ha puesto en marcha nuevas medidas para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en Guinea Ecuatorial.


‎Las disposiciones están recogidas en la Orden Ministerial n.º 02026, de 12 de agosto de 2026, que establece nuevas normas de actuación para la Policía y la Gendarmería Nacional, en coordinación con los Servicios Sociales del Ministerio de Igualdad de Género y Asuntos Sociales.

‎La medida busca acelerar la aplicación del Decreto Presidencial n.º 147/2023, de 21 de noviembre, sobre la protección de los menores.

‎Diez días antes de su entrada en vigor
‎Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse diez días después de su firma y publicación en los medios nacionales y en el Boletín Oficial del Estado.


‎Durante los nueve días anteriores, las disposiciones deberán ser comunicadas a los agentes de la Policía y la Gendarmería, así como difundidas por radio, televisión, prensa y medios digitales para que la población conozca las nuevas normas.

‎Nueva Unidad Especial de Protección de Menores

‎Una de las principales medidas es la activación de la Unidad Especial de Protección de Menores (UEPM), que funcionará en las diferentes localidades del país.


‎Esta unidad tendrá la responsabilidad de intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo a los menores.Entre los casos previstos se encuentra la presencia de menores en calles o establecimientos públicos después de las 22:00 horas, salvo que estén acompañados por sus padres o tutores por una razón justificada.

‎También se actuará cuando los menores se encuentren en hogares sin la presencia habitual de un adulto responsable, así como cuando realicen actividades comerciales durante el horario escolar.



‎La normativa también contempla la intervención ante casos de mendicidad y otras actividades económicas en la vía pública, como pedir dinero, deambular por las calles o lavar vehículos de manera clandestina.

‎Los menores serán atendidos por los Servicios Sociales

‎Una vez identificados estos casos, los menores serán puestos a disposición de los Servicios Sociales del Ministerio de Igualdad de Género y Asuntos Sociales.
‎El objetivo es que cada situación sea evaluada y que los menores reciban la atención, asistencia y protección que necesiten.

‎De esta manera, las fuerzas de seguridad se encargarán de intervenir y trasladar los casos, mientras que los Servicios Sociales asumirán la atención y protección de los menores.

‎Investigación de posibles delitos
‎La Orden también establece que, cuando existan indicios de delitos relacionados con estas situaciones, la Policía y la Gendarmería deberán investigar en coordinación con la Fiscalía.

‎Las investigaciones podrán incluir casos relacionados con la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras posibles responsabilidades penales de adultos vinculados a la situación de los menores.

‎Con estas medidas, el Ministerio de Seguridad Nacional busca establecer una forma común de actuación en todo el país y reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios sociales.

‎Las nuevas disposiciones serán de aplicación en todo el territorio nacional y deberán ser cumplidas por la Policía, la Gendarmería Nacional y los consejeros de seguridad de los órganos locales menores.