La reunión, celebrada en el Palacio del Pueblo de Malabo, ha contado con la participación de responsables de la Coordinación Administrativa y de los departamentos de Medio Ambiente y Economía Azul, Agricultura, Ganadería y Bosques, Hacienda y Tesorería.
Durante el encuentro, el Vicepresidente ha subrayado la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto del marco legal que regula la actividad forestal. Entre las condiciones señaladas figura la obligación de que las empresas titulares de licencias de explotación dispongan de una planta de transformación de madera dentro del territorio nacional una vez cumplidos los primeros tres años de actividad.
El cumplimiento de este requisito será determinante para la renovación o concesión de futuras licencias, en línea con la voluntad del Gobierno de evitar que la explotación de los recursos forestales se limite a la extracción y exportación de materias primas sin generar suficiente valor añadido dentro del país.
Ante las irregularidades detectadas en el sector, Nguema Obiang Mangue ha instruido a las autoridades competentes de Medio Ambiente y de Agricultura, Ganadería y Bosques a intensificar las labores de control para identificar y combatir las actividades ilegales. La directriz incluye una actuación firme contra las empresas que operan sin autorización, conocidas como empresas «piratas», así como contra la tala furtiva de especies protegidas, con especial atención al oveng.
Según lo expuesto durante la reunión, estas prácticas generan un perjuicio directo para el Estado y para las comunidades locales, al permitir la explotación y salida de recursos forestales sin que exista una inversión proporcional en el territorio, incluidas las obras sociales exigidas a las empresas. A ello se suma el impacto derivado de la tala y comercialización de especies cuya explotación está restringida por la legislación vigente.
Como parte de la nueva orientación para el sector, el Vicepresidente ha planteado también una redistribución más equitativa de las parcelas forestales, con el objetivo de devolver su gestión y derecho de uso a las comunidades originarias de las zonas donde se encuentran estos recursos.
En este nuevo esquema, las empresas interesadas en desarrollar actividades forestales en dichas áreas deberán presentar proyectos de inversión acompañados de obras sociales concretas y de impacto directo para la población. Entre las actuaciones contempladas figuran la instalación de redes eléctricas, el suministro de grupos electrógenos, la construcción de carreteras y puentes, así como la edificación de escuelas e iglesias. Estas últimas deberán construirse obligatoriamente con materiales permanentes y duraderos.
El Vicepresidente ha dejado claro que la concesión o renovación de una licencia forestal estará condicionada a la presentación de un proyecto detallado que garantice beneficios sustanciales y tangibles para las comunidades locales, además del cumplimiento de las obligaciones legales, industriales y medioambientales establecidas.
