La capital ex capital de Guinea Ecuatorial atraviesa una nueva crisis de abastecimiento de combustible, cuya duración supera ya los diez días, según la información disponible. La situación ha generado largas colas en distintas gasolineras y está repercutiendo directamente en el transporte público y en la economía cotidiana de la población.
Uno de los efectos más visibles es el incremento de las tarifas de transporte. Trayectos que anteriormente costaban 500 francos CFA se cobran ahora a 1.000, mientras que otros cuyos precios rondaban los 1.000 FCFA han pasado a situarse en 1.500 e incluso por encima de los 2.000 FCFA, según los datos recogidos. Estas variaciones representan una carga adicional para quienes dependen diariamente del transporte para acudir al trabajo, asistir a clases o desarrollar sus actividades comerciales.
La situación también está alterando la movilidad de los estudiantes, algunos de los cuales se ven obligados a recorrer a pie distancias que habitualmente cubrían en transporte público. A ello se suman las dificultades de trabajadores y comerciantes, que deben afrontar mayores gastos o buscar alternativas para desplazarse.
Sin embargo, más allá de las consecuencias inmediatas, la duración de esta nueva crisis plantea interrogantes sobre la regularidad del suministro y la capacidad de respuesta ante las interrupciones del abastecimiento. Si se confirma que se trata de la tercera crisis de combustible registrada en Malabo en lo que va de año, resulta necesario esclarecer qué factores están detrás de esta recurrencia y qué medidas se contemplan para evitar que el problema vuelva a repetirse.
Por su parte, Gepetrol ha señalado que el suministro podría restablecerse en un plazo de siete días. Esta previsión mantiene a la población a la espera de una solución, aunque todavía es necesario precisar si el anuncio contempla la recuperación completa del abastecimiento y la normalización de las tarifas del transporte.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan soportando las consecuencias de una situación que afecta tanto a su movilidad como a sus gastos cotidianos. La cuestión central no es únicamente cuándo volverá a haber combustible con normalidad, sino también qué garantías existen para que una nueva interrupción del suministro no vuelva a trasladar sus costes a la población.
