La decisión se ha adoptado durante una reunión celebrada este jueves en el Palacio del Pueblo de Malabo, en la que el ministro de Estado de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, y los responsables de CNEDOGE expusieron las limitaciones tecnológicas que afectan al funcionamiento de la institución.

Según el informe presentado, una parte importante de los equipos tecnológicos fue instalada entre 2017 y 2018 y actualmente muestra signos de deterioro y limitaciones de capacidad. Esta situación ha llevado a plantear una revisión del sistema para determinar las necesidades reales de renovación y garantizar la continuidad de los servicios.

Para avanzar en este proceso, Nguema Obiang Mangue ha instruido al viceprimer ministro, al secretario de Estado de Telecomunicaciones y a la dirección de CNEDOGE a trabajar conjuntamente con CETIS, empresa responsable de la tecnología utilizada, en una evaluación integral de las instalaciones.

El análisis deberá identificar los equipos que todavía pueden utilizarse, aquellos que necesitan ser sustituidos y la inversión requerida para ejecutar la modernización. Los resultados se presentarán en una próxima reunión, en la que el Gobierno estudiará las propuestas antes de decidir las actuaciones que se llevarán a cabo, con el propósito de evitar gastos innecesarios.

Durante el encuentro, el vicepresidente también ha solicitado a CETIS nuevas propuestas de diseño para el Documento de Identidad Personal y el pasaporte ecuatoguineano. Los nuevos modelos deberán incorporar elementos representativos de la historia, la cultura y los símbolos nacionales, sin comprometer los mecanismos de seguridad destinados a prevenir falsificaciones.

Otro de los asuntos abordados ha sido la necesidad de fortalecer los sistemas de respaldo informático para impedir que los fallos técnicos paralicen la expedición de documentos. La mejora deberá beneficiar tanto a las oficinas de Malabo y Bata como a las representaciones diplomáticas de Guinea Ecuatorial en el extranjero.

La modernización proyectada busca garantizar que la ciudadanía pueda tramitar sus documentos oficiales con mayor rapidez, seguridad y fiabilidad. Su alcance definitivo dependerá de los resultados de la evaluación técnica y de las decisiones que adopte el Gobierno sobre los equipos y las inversiones necesarias.

El objetivo final es disponer de un sistema tecnológico más seguro y estable, capaz de proteger la información personal de los ciudadanos y mantener la emisión de documentos oficiales sin interrupciones.