La nueva norma actualiza el marco vigente desde 2006 y refuerza el contenido nacional, la protección ambiental y la transparencia en los contratos.
El Senado de Guinea Ecuatorial aprobó el Proyecto de Ley de Hidrocarburos durante el II Periodo Ordinario de Sesiones de la II Legislatura. La reforma actualiza la legislación que regulaba el sector desde 2006 y busca adaptarlo a los objetivos de diversificación económica del plan nacional PNDES-Horizonte 2035.
La aprobación se suma a la reciente Ley de Minas y completa, según la nota de prensa, la actualización del marco regulatorio de las industrias extractivas del país.
Durante su intervención ante la Cámara Alta, el ministro delegado de Hidrocarburos, Minas y Electricidad, encargado del Contenido Nacional, Domingo Mba Esono, presentó cinco ejes de la reforma. Entre ellos figuran la flexibilización de los modelos de contratación para distintos tipos de yacimientos y el impulso al aprovechamiento industrial del gas natural y la petroquímica.
El texto también contempla cláusulas de estabilidad jurídica y mecanismos de reequilibrio económico para respaldar las inversiones a largo plazo. Asimismo, prevé ajustar las regalías y la participación del Estado a las características de cada proyecto.
Otro de los objetivos es aumentar la participación de empresas y trabajadores ecuatoguineanos. Para ello, la ley refuerza las exigencias de contenido nacional, incluida la preferencia por el empleo local, la transferencia de tecnología y la contratación de pequeñas y medianas empresas del país.
En materia ambiental, la reforma establece la creación de un Fondo Nacional de Monitoreo Ambiental y mecanismos financieros para cubrir el abandono de los campos, con depósitos en el BEAC, según la información difundida.
La propuesta recibió el respaldo de los grupos parlamentarios del PDGE y de la Coalición. Durante el debate, el grupo de la Coalición destacó el carácter soberano y modernizador de la norma, y pidió que su reglamentación mantenga un equilibrio entre la competitividad fiscal y la formación efectiva de técnicos nacionales.
El Gobierno se comprometió a remitir previamente al Senado los contratos modelo para su verificación y a comparecer periódicamente ante la Cámara para informar sobre las inversiones atraídas, los contratos firmados y el empleo nacional generado.
