Silvano Edu, ciudadano ecuatoguineano residente en Añisok, permanece bajo custodia en las dependencias de la Gendarmería de la ciudad por su supuesta implicación en un caso de falsificación de una autorización de funcionamiento para un centro educativo privado.

Según las investigaciones preliminares, el detenido estaría relacionado con la obtención irregular de un documento que permitía operar a un centro profesional nocturno instalado dentro del recinto del centro privado La Alegría Pomponio de Añisok.

Las autoridades del Ministerio de Educación descubrieron que el establecimiento llevaba varios años funcionando sin contar con la autorización legal requerida para desarrollar actividades académicas.

De acuerdo con las informaciones recabadas, tras detectarse la falta de documentación oficial, Silvano Edu habría propuesto al fundador del centro gestionar la obtención del permiso a cambio de 150 mil francos CFA. Como parte de los supuestos trámites, los responsables del centro entregaron inicialmente 100 mil francos CFA.

Las mismas fuentes señalan que el detenido habría contactado posteriormente con un supuesto gestor, identificado como un alto funcionario del ministerio tutor, quien presuntamente se encargaba de tramitar autorizaciones para centros educativos privados.

Sin embargo, una vez recibido el documento, los responsables del centro detectaron irregularidades que levantaron sospechas sobre la autenticidad de la autorización presentada. La situación derivó en una denuncia formal y en la intervención de la Gendarmería de Añisok.

Por su parte, Hipólito Meñan, director del centro y representante del fundador, reconoció que La Alegría Pomponio llevaba cerca de cuatro años funcionando sin autorización legal. Ante esta situación, explicó que los directivos decidieron iniciar el proceso de regularización administrativa del establecimiento.

Las autoridades recuerdan que el Ministerio de Educación continúa autorizando la apertura de centros educativos privados en todo el territorio nacional, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos por el departamento ministerial competente.