El Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos procedió al cierre definitivo de la iglesia denominada “Capilla de los Vencedores Internacional”, tras constatar presuntas irregularidades relacionadas con su funcionamiento y el incumplimiento de los requisitos legales exigidos para el ejercicio de actividades religiosas en Guinea Ecuatorial.
La medida fue ejecutada por una comisión multisectorial encabezada por responsables del Departamento de Justicia, con la participación de representantes de Derechos Humanos, Interior, Administración Local y Seguridad Nacional, quienes realizaron el precinto de las instalaciones del templo en la ciudad de Bata.
Según las autoridades, la decisión responde a diversos antecedentes que habrían sido identificados durante las investigaciones, entre ellos presuntas prácticas consideradas perjudiciales para la convivencia social y familiar, así como la falta de autorización legal para desarrollar actividades religiosas en el país.
De acuerdo con la información facilitada por la comisión, la entidad religiosa carecía de documentación administrativa indispensable para su funcionamiento, entre ella la autorización de establecimiento y el correspondiente registro como organización religiosa. Asimismo, se señaló que algunos de sus responsables no disponían de la formación ni de las acreditaciones requeridas para el ejercicio de labores pastorales.
Durante la intervención, las autoridades aclararon que la prohibición afecta exclusivamente al desarrollo de actividades religiosas vinculadas a la citada organización, sin perjuicio de que sus integrantes puedan ejercer otras actividades permitidas por la legislación nacional.
El secretario de Estado de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Namabal Bililingung, afirmó que el Estado mantiene su compromiso con la protección de la libertad religiosa, aunque subrayó que dicho derecho debe ejercerse dentro del marco legal establecido.
“La libertad religiosa está garantizada por el Estado, pero ninguna entidad puede operar al margen de la ley ni desarrollar actividades que perjudiquen a la sociedad”, señaló.
Las autoridades sostienen que la medida tiene como finalidad preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la estabilidad familiar, elementos que consideran fundamentales para la cohesión social y el desarrollo del país.
La intervención contó igualmente con la presencia de responsables de la Delegación Regional de Justicia, del delegado de Gobierno de Bata, Antonio Nsue Ondo Oye, así como de efectivos de las fuerzas de seguridad.
