El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Evuy Nguema Mikue, dispone de una semana para justificar documentalmente el destino de más de 502 millones de francos CFA observados durante una auditoría especial practicada a la gestión financiera de la institución. La decisión fue adoptada este viernes en una reunión celebrada en la Presidencia del Gobierno, tras la presentación del informe elaborado por la comisión encargada de examinar las cuentas del alto órgano judicial.
En el encuentro participaron el Primer Ministro del Gobierno, el Ministro de Estado de Seguridad Nacional, el Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno y el Fiscal General de la República, quienes conocieron las conclusiones de una investigación que revela presuntas irregularidades de considerable alcance en la administración de los recursos públicos asignados a la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con el informe, las principales observaciones se concentran en cuatro áreas: el pago de salarios presuntamente irregulares, la deficiente gestión de la caja chica, la existencia de gastos sin respaldo documental y la presunta sobrefacturación de los costes correspondientes a las ceremonias de apertura de los años judiciales. Según la comisión, estas prácticas habrían ocasionado un perjuicio económico superior a los 502 millones de francos CFA.
La auditoría fue ordenada tras diversas denuncias formuladas por jueces y magistrados sobre la gestión de los fondos de la institución. Como resultado de las verificaciones realizadas, la comisión considera que existen indicios de posibles actuaciones constitutivas de abuso de poder, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, entre otras presuntas irregularidades administrativas y financieras.
Durante la reunión, Francisco Evuy Nguema Mikue respondió a parte de las observaciones contenidas en el informe y solicitó un plazo adicional para reunir la documentación que, según manifestó, permitirá sustentar su versión de los hechos y aclarar las partidas cuestionadas.
Tras valorar la petición, la comisión acordó concederle siete días para presentar los justificantes correspondientes. Vencido ese plazo, el presidente de la Corte Suprema deberá acreditar documentalmente el destino de los fondos observados o, en su defecto, proceder al reintegro del importe no justificado a las arcas del Estado.
La sesión concluyó en un clima de diálogo institucional, quedando pendiente la presentación de la documentación requerida, de cuyo resultado dependerán las actuaciones posteriores derivadas del proceso de auditoría.
