La escasez de combustible que afecta a Bata ha desencadenado una nueva preocupación para miles de ciudadanos: el incremento descontrolado de las tarifas del transporte público. Usuarios denuncian que numerosos taxistas y conductores particulares han elevado los precios de los trayectos muy por encima de las tarifas habituales, aprovechando la crisis de abastecimiento para imponer cobros que califican de abusivos.
El creciente malestar social se refleja en las constantes quejas de pasajeros que aseguran estar pagando hasta el doble o el triple del precio normal para desplazarse dentro de la ciudad. Según los afectados, la falta de combustible ha servido de argumento para fijar tarifas sin ningún tipo de control, afectando especialmente a trabajadores, estudiantes y personas que dependen diariamente del transporte para acceder a sus actividades.
«Me cobraron 1.000 francos CFA por un recorrido desde Mondong hasta la rotonda de Nkoantoma. Eso ya no es un ajuste por la crisis, es un abuso», afirmó un ciudadano, quien lamentó la ausencia de mecanismos eficaces para denunciar este tipo de prácticas.
Las denuncias también alcanzan a conductores de vehículos particulares que han comenzado a ofrecer transporte de pasajeros cobrando importes fijados de forma arbitraria. Los usuarios cuestionan, además, que automóviles que funcionan con diésel combustible cuya disponibilidad no ha registrado las mismas dificultades que la gasolina estén aplicando exactamente las mismas tarifas elevadas.
Ante esta situación, la población reclama una actuación urgente de las autoridades para restablecer el orden en el sector del transporte urbano. Entre las principales demandas figuran la supervisión del cumplimiento de las tarifas oficiales, la habilitación de canales accesibles para denunciar los cobros irregulares y el incremento de los controles en las principales vías de la ciudad para sancionar tanto a quienes incumplan la normativa como a los vehículos particulares que operan de manera ilegal con fines especulativos.
Mientras persisten las dificultades de abastecimiento de combustible, los ciudadanos advierten de que el transporte público no puede convertirse en un espacio de especulación. Consideran que garantizar una movilidad accesible y con tarifas reguladas es una responsabilidad esencial para proteger a la población frente a prácticas que agravan aún más el impacto económico de la crisis.
