Durante el despliegue de las inspecciones, las autoridades constataron que algunas de estos establecimientos operaban bajo condiciones que ponían en riesgo directo la vida de los ciudadanos:
- Falsificación y suplantación documental: Se hallaron autorizaciones y documentos a nombre de profesionales ecuatoguineanos que, en la práctica y sobre el terreno, sin la debida homologación ni acreditación profesional para ejercer la regencia farmacéutica.
- Trazabilidad e importación dudosa: Una cantidad sustancial de fármacos carecía de documentación que justificara su procedencia legal o sus controles de calidad de origen.
- Almacenes clandestinos e insalubres: Se descubrieron depósitos ocultos de medicamentos que no cumplían con los estándares mínimos de conservación (como el control estricto de temperatura y humedad), lo que compromete gravemente la efectividad y seguridad de los tratamientos
«No vamos a permitir que la salud de nuestra población sea objeto de comercio ilegal o de intrusismo profesional. Todo establecimiento que no garantice la seguridad de los medicamentos será clausurado», señalaron fuentes vinculadas a la comisión de inspección.
Ante la acumulación de estos factores de riesgo, las fuerzas de orden público y los inspectores sanitarios ejecutaron el precinto inmediato de los locales y la incautación del material farmacológico de origen dudoso para su posterior análisis y destrucción.
Asimismo, se han iniciado los expedientes sancionadores correspondientes y no se descartan acciones penales contra los propietarios e involucrados en estas redes de distribución irregular.
Las autoridades han reafirmado que estos operativos de control y se espera que se mantenga de forma intensiva en todo el territorio nacional.
