En las últimas semanas del mes de agosto, concretamente en la ciudad de Bata, hay una situación que resulta difícil de entender y todavía más difícil de justificar: mientras las oficinas de SEGESA permanecen iluminadas, numerosas instituciones públicas que tienen la responsabilidad de atender al ciudadano se ven obligadas a trabajar a oscuras, con velas, grupos electrógenos averiados o, sencillamente, a paralizar sus actividades.
La lista es larga y preocupante: UNED, CENEDOGE, INAP, ITV y otras instituciones y empresas estatales están sufriendo las consecuencias de unos cortes de electricidad que, además, según se denuncia, ni siquiera son comunicados oportunamente a las entidades afectadas.
La UNED necesita energía para desarrollar sus actividades académicas y garantizar la enseñanza virtual.
CENEDOGE necesita electricidad para digitalizar y gestionar documentos. El INAP requiere energía para sus procesos de inscripción, formación y capacitación de los funcionarios. La ITV necesita electricidad para realizar las inspecciones técnicas de los vehículos.
No estamos hablando de negocios privados ni de actividades secundarias.
Estamos hablando de instituciones que forman parte del engranaje del Estado.
Y cuando ese engranaje se queda sin electricidad, quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano.
No parece razonable que una institución encargada de formar funcionarios, gestionar documentación, prestar servicios educativos o garantizar la seguridad vial pueda quedar sin suministro durante horas mientras otras instalaciones mantienen su actividad con normalidad.
No se puede exigir eficiencia a los funcionarios cuando no existen las condiciones materiales mínimas para trabajar.
No se puede hablar de digitalización cuando los equipos informáticos no pueden permanecer encendidos.
No se puede exigir resultados a las instituciones cuando se les priva de uno de los recursos básicos para funcionar.
Y tampoco debería normalizarse que los cortes de electricidad se conviertan en una rutina que las instituciones públicas tengan que resolver por sus propios medios.
SEGESA no debería ser vista únicamente como una empresa encargada de suministrar y facturar electricidad.
Su función tiene una dimensión mucho más amplia: el suministro eléctrico sostiene el funcionamiento de hospitales, escuelas, universidades, administraciones públicas, servicios de seguridad, empresas y hogares.
Por eso, ante situaciones de racionamiento, resulta razonable exigir mecanismos de prioridad para aquellas instituciones cuyo funcionamiento afecta directamente al interés público.
Hay, al menos, dos medidas que deberían considerarse con carácter urgente:
Líneas prioritarias
Instituciones como la UNED, CENEDOGE, INAP, hospitales, centros educativos y otros servicios esenciales no deberían recibir necesariamente el mismo tratamiento que establecimientos cuya actividad no sea crítica para la prestación de servicios públicos.
Transparencia en los cortes
Si existe un programa de racionamiento, las instituciones afectadas deberían conocer con antelación los horarios, duración aproximada y criterios utilizados. La falta de información alimenta la sensación de arbitrariedad.
Y mucho menos se puede convertir el uso de velas y generadores en la solución habitual de instituciones que deberían estar preparándose para el futuro.
Apagar al Estado es dispararse al pie.
Si realmente queremos un país que avance, la electricidad debe llegar primero —o, al menos, garantizarse de manera prioritaria— allí donde se forman los ciudadanos, se capacita a los funcionarios, se gestionan documentos, se inspeccionan vehículos y se prestan servicios esenciales.
Porque cuando se apaga la luz de una institución pública, no solo se apaga una oficina: se apaga, durante ese tiempo, una parte del Estado.
¿Qué opinas? ¿En tu institución también se producen cortes de electricidad mientras otras oficinas mantienen el suministro?
