La Comisión Permanente de Energía del Senado ha celebrado una sesión de trabajo con representantes del Ministerio de Hidrocarburos, Minas y Electricidad para examinar el alcance y las implicaciones del Proyecto de Ley de Minas de Guinea Ecuatorial 2026, en el marco de las funciones de control parlamentario atribuidas a la Cámara Alta.
Durante la comparecencia, el Ministro Delegado de Hidrocarburos, Domingo Mba Esono, respondió a las cuestiones planteadas por los senadores a través de un cuestionario estructurado en 18 bloques temáticos, centrados en los principales elementos que configurarían el nuevo régimen jurídico del sector minero nacional.
El debate permitió abordar aspectos relacionados con la competitividad internacional del marco legislativo, el régimen de regalías, la participación del Estado, la organización institucional, las obligaciones de los operadores y las garantías sociales y medioambientales vinculadas a las actividades mineras.
Un marco jurídico integral para el sector
Uno de los asuntos centrales de la sesión fue la decisión de impulsar una nueva Ley de Minas en lugar de limitarse a modificar la Ley número 1/2019.
Según la explicación ofrecida por la representación ministerial, la evolución y complejidad del sector hacen necesario disponer de un marco jurídico integral y unificado, orientado a reforzar la seguridad jurídica, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y mejorar las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera.
Ajustes a las obligaciones durante la exploración
La Comisión también examinó las obligaciones económicas y sociales que deberían asumir los operadores durante las diferentes fases de un proyecto minero.
En este punto, se planteó la conveniencia de evitar cargas monetarias obligatorias durante las etapas de prospección y exploración de mayor riesgo geológico, reservando determinadas obligaciones económicas para la fase de explotación comercial.
El planteamiento contempla, no obstante, el mantenimiento de las obligaciones generales establecidas por la legislación laboral y medioambiental vigente.
Regalías y competitividad regional
Otro de los puntos analizados fue el sistema de regalías previsto en el proyecto, cuyo rango se sitúa entre el 2% y el 8%, cuestión examinada desde la perspectiva de la competitividad de Guinea Ecuatorial frente a otros países de la región de la CEMAC.
La sesión abordó igualmente la posibilidad de establecer un Código de Regalías independiente, con el propósito de facilitar la actualización de los parámetros técnicos y económicos vinculados al mercado sin tener que modificar de manera recurrente el cuerpo principal de la Ley de Minas.
Participación del Estado y modernización administrativa
Los senadores plantearon asimismo cuestiones sobre la participación estatal en los proyectos mineros. El proyecto contempla una participación arrastrada del Estado del 10% para la gran minería industrial y del 15% para las operaciones de pequeña y mediana escala.
En materia administrativa, el Ministerio explicó la creación de nuevos instrumentos como los Registros Minero y Geológico y la Unidad Técnica de Tramitación, concebidos para favorecer la digitalización, la interoperabilidad entre instituciones y la reducción de los tiempos de gestión.
El nuevo esquema establece un plazo máximo de 90 días para determinados procedimientos, buscando evitar duplicidades administrativas sin alterar las competencias soberanas de supervisión y control del Estado.
Trazabilidad y minerales críticos
La trazabilidad de los minerales constituyó igualmente uno de los asuntos examinados durante la sesión, junto con las garantías de aseguramiento de las operaciones y su compatibilidad con la normativa de la Conferencia Africana de Mercados de Seguros (CIMA).
Los parlamentarios analizaron también las tasas administrativas y la propuesta de establecer un régimen preferencial para los minerales críticos, considerados de especial importancia para las nuevas cadenas de suministro vinculadas a la transición energética internacional.
La sesión permitió así al Senado profundizar, junto al departamento ministerial competente, en los principales componentes del Proyecto de Ley de Minas 2026, antes de continuar con el correspondiente proceso de examen parlamentario.
