Los residentes afectados sostienen que los cortes no estarían relacionados con el impago de sus facturas eléctricas, sino con su negativa a realizar pagos directamente al trabajador encargado de las inspecciones en la comunidad.
Según el testimonio de los vecinos, el inspector habría exigido que determinadas cantidades fueran entregadas personalmente y en efectivo. Ante la negativa de algunas familias, aseguran que posteriormente se procedió a interrumpirles el suministro eléctrico.
La situación estaría afectando a varias familias del barrio, incluidos hogares donde viven niños y personas mayores, según relatan los residentes, quienes expresan su preocupación por las consecuencias de permanecer sin electricidad.
Los afectados cuestionan además el procedimiento utilizado para estos supuestos cobros y reclaman conocer el destino de cualquier cantidad que se les solicite fuera de los canales oficiales de pago.
«“Los dineros dados al inspector, ¿a qué cuenta se va?”, plantean los residentes, al reclamar transparencia sobre cualquier pago relacionado con el suministro eléctrico.»
Los vecinos consideran que la situación requiere la intervención de los responsables de SEGESA para esclarecer si las actuaciones denunciadas se ajustan a los procedimientos establecidos por la empresa y determinar las causas concretas de los cortes.
Hasta el momento, estas acusaciones corresponden al testimonio de los residentes afectados y no se aporta en la denuncia documentación que permita verificar de forma independiente que los cortes se produjeron como represalia por negarse a realizar pagos en efectivo.
Los vecinos esperan que las autoridades competentes y la dirección de SEGESA puedan esclarecer los hechos y, en su caso, adoptar las medidas correspondientes para garantizar un servicio eléctrico transparente y conforme a los procedimientos establecidos.
