La Audiencia Provincial ha examinado varios recursos de apelación presentados contra resoluciones judiciales de primera instancia, en procedimientos que enfrentan a empresas y particulares por cuestiones económicas, sucesorias, familiares e inmobiliarias. Los litigios plantean discrepancias sobre obligaciones de pago, administración de patrimonios familiares y derechos de propiedad que deberán resolverse en esta instancia judicial.
Entre los asuntos de mayor cuantía económica figura el recurso de Marguisa Imagesa contra una sentencia que la condena a reembolsar 26 millones de francos CFA a la empresa GETCO, en concepto de capital invertido en la adquisición de productos que sufrieron desgaste y pérdidas durante su transporte. La resolución también establece una indemnización adicional de 13 millones de francos CFA por daños y perjuicios, al atribuir a la empresa transportista la responsabilidad por los perjuicios ocasionados. Marguisa Imagesa solicita que esta decisión sea revocada.
Otro de los procedimientos relevantes corresponde a la apelación número 28/2026, interpuesta por dos hermanos de la familia Cise Ousman contra el auto de declaración de herederos ab intestato dictado en 2017, tras el fallecimiento de su padre.
Los recurrentes consideran que el procedimiento no respetó las garantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, al sostener que la resolución reconoció a determinados familiares facultades para administrar los bienes del fallecido sin que el resto de los coherederos fuera informado. Asimismo, alegan que parte del patrimonio familiar habría sido objeto de una administración irregular y solicitan la revisión de la declaración de herederos para garantizar un reparto proporcional de los bienes entre los sucesores.
En el ámbito familiar, la apelación número 3, presentada por Amancio Ndong Bakale contra una sentencia relacionada con su matrimonio con Jimenita Akeng, plantea discrepancias sobre la custodia de los hijos y la distribución del patrimonio conyugal. La resolución recurrida establece la custodia compartida de los menores y el reparto del inmueble situado en la comunidad de Ngolo 5.
Sin embargo, el recurrente sostiene que la vivienda fue adquirida antes de contraer matrimonio y que, por tanto, debe reconocerse como un bien privativo, excluyéndola de la división patrimonial. También solicita que su expareja asuma la manutención de los menores, alegando que dispone de una mayor capacidad económica.
Por su parte, Manuel Ekang, mediante la apelación número 37/2026, solicita el reconocimiento judicial de su derecho de ocupación legal sobre una parcela de terreno de 31,52 metros cuadrados, cuya posesión constituye el objeto de la controversia.
A estas disputas se suma el recurso de Martín Obaha contra la sentencia número 42/2025, mediante la cual se adjudicó a Francisca Avomo Ona el inmueble objeto del litigio. El apelante reclama la revocación de la resolución al afirmar que fue él quien adquirió la propiedad y que, en consecuencia, le corresponde su titularidad.
Frente a esta pretensión, la representación letrada de Francisca Avomo Ona solicita que se confirme la sentencia de primera instancia, argumentando que el inmueble no tiene carácter conyugal, sino que constituye un bien privativo de su representada.
Los procedimientos ponen de manifiesto la diversidad y complejidad de los conflictos civiles sometidos a revisión judicial. Las decisiones que adopte la Audiencia Provincial deberán determinar, a partir de las pruebas y los argumentos jurídicos de cada parte, las responsabilidades económicas, los derechos sucesorios, las obligaciones familiares y la titularidad de los bienes en disputa.
