La Delegación Regional de Educación de Bata exige a los centros públicos y privados tramitar sus ingresos por la Sección Económica para garantizar el control y la transparencia financiera.
La Delegación Regional de Educación, Ciencia, Juventud y Deportes de Bata ha establecido que todos los ingresos de los centros educativos públicos y privados deben canalizarse a través de su Sección Económica, con el fin de garantizar el cumplimiento de las tasas oficiales y reforzar la transparencia en la gestión de los recursos del sector.
Esta directriz se ha dado a conocer este miércoles, 18 de noviembre, durante un seminario-taller de orientación sobre ingresos celebrado en el Centro Integrado de Movoho, con la participación de inspectores distritales de Educación y Deportes, secretarios de centros públicos y responsables económicos de instituciones privadas del distrito de Bata.

Durante la jornada, Mañe Ona Nzang ha recordado que la matrícula en los niveles de preescolar y primaria de los centros públicos es gratuita. También ha advertido sobre las irregularidades detectadas en el cobro de determinadas tasas y el uso de boletines no oficiales, instando a los centros privados a respetar las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación.
Por su parte, el jefe económico de la Delegación Regional ha explicado los procedimientos administrativos para efectuar correctamente los ingresos, subrayando la necesidad de realizar estas operaciones a través de los servicios económicos competentes.
La iniciativa se enmarca en las acciones de seguimiento de los ingresos del sector educativo en la Región Continental, después de la mejora progresiva registrada tras la última reunión sobre adecuación de ingresos y en cumplimiento de las orientaciones del ministro titular del departamento.

Como principal conclusión del encuentro, el delegado regional ha sido tajante al recordar que ningún centro educativo debe realizar ingresos sin pasar previamente por la Sección Económica de la Delegación Regional de Educación. Una disposición que busca centralizar la supervisión de los recursos y evitar operaciones al margen de los procedimientos administrativos establecidos.











