Con la llegada del verano, los hogares en Bata experimentan un incremento sustancial en la densidad de convivencia: al retorno de los estudiantes se suma el tradicional flujo de menores y familiares procedentes del interior u otros puntos del país.
En viviendas donde regularmente viven entre seis y ocho niños, el arroz no representa una opción culinaria más, sino la columna vertebral de la seguridad alimentaria diaria.
Ante la falta de ese producto y el incremento brusco de su precio las familias se ven forzadas a recurrir de manera sistemática a la compra fragmentada en presentaciones de 20 kilogramos.
Ante este escenario de inflación cabe señalar que entre los meses de agosto y septiembre exigen el desembolso prioritario para las matrículas escolares y el material didáctico del próximo curso escolar. El sobrecoste alimentario drena de forma directa los fondos destinados a la educación de los menores.
La situación trasciende el plano del malestar ciudadano para situarse en la esfera de la responsabilidad pública. Mientras los comerciantes ajustan márgenes sobre el producto fraccionado, la ausencia de un control efectivo de precios y la falta de liquidez del grano en gran volumen exigen una explicación transparente.
La ciudadanía ya no solicita simples soluciones temporales, sino una intervención directa del Gobierno en la cadena de distribución e importación para restablecer de inmediato el suministro de los sacos de 50 kg y frenar un deterioro económico que amenaza el presupuesto escolar de muchos hogares.
