La decisión ha sido dada a conocer este lunes por el fiscal general de la República, Anatolio Nzang Nguema, en el marco de una comparecencia en la que se expusieron los principales elementos recogidos en la resolución.
Según el Ministerio Público, la organización y varios de sus dirigentes estarían vinculados a supuestos planes destinados a alterar el orden constitucional y propiciar un cambio de Gobierno mediante acciones violentas.
La Fiscalía sostiene que las investigaciones realizadas apuntan a la existencia de contactos con organizaciones armadas y estructuras paramilitares de diferentes países africanos, así como a la búsqueda de apoyo militar, combatientes, armas y municiones.
Entre los países citados en la resolución figuran Sudán, República Centroafricana, Camerún y Nigeria. El documento menciona, entre otras estructuras armadas, a grupos relacionados con el conflicto de Sudán, Boko Haram y el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger.
Supuestos objetivos dentro del país
La resolución también recoge, según la Fiscalía, información sobre posibles objetivos que habrían sido considerados dentro del territorio nacional. Entre ellos aparecen mercados públicos, edificios de la Administración, instalaciones militares y determinadas representaciones diplomáticas.
El Ministerio Público relaciona igualmente estas acusaciones con los acontecimientos registrados en diciembre de 2017, episodio por el que posteriormente fueron procesadas y condenadas varias personas por delitos relacionados con una tentativa de incursión armada.
La Fiscalía considera que aquellos acontecimientos constituyen un antecedente relevante dentro de la investigación y sostiene que las actuaciones atribuidas actualmente a determinados miembros de CORED responderían a una continuidad de esa estrategia.
Recompensas por la repatriación de dirigentes
Uno de los elementos más destacados de la resolución es el establecimiento de recompensas económicas para quienes contribuyan a la repatriación a Guinea Ecuatorial de determinados dirigentes identificados por el Ministerio Público.
La mayor recompensa asciende a 1,5 millones de euros y está asociada a Salomón Abeso Ndong, señalado en la resolución como presidente de CORED y responsable de Acción Política.
Para otros dirigentes incluidos en el documento se contemplan recompensas de un millón, 800.000 y 700.000 euros, dependiendo de cada caso.
La Fiscalía señala además que tanto la relación de personas como las cantidades fijadas podrían ser modificadas o ampliadas en función de los resultados que arrojen las investigaciones.
Dirigentes señalados
La resolución menciona, entre otros, a Salomón Abeso Ndong, Filiberto Ntutumu Mabale Andem, Pablo Andon Urbina, José Manuel Ibolo Kombe, Luis Aconcha, Hugo Douredu, Abel Inocencio Luenve Tinoco, Antonio Camilo Esono Ayong, Magno Domba, Aquilino Nguema Nchancha, Pascual Ondo Ekiri y Luis Batume.
El Ministerio Público atribuye a estas personas distintas responsabilidades dentro de la estructura de CORED y las incluye entre los miembros de la organización que la Fiscalía ha calificado como terrorista y criminal.
La resolución supone un nuevo episodio de elevada tensión entre las autoridades ecuatoguineanas y sectores de la oposición política establecidos en el exterior. Las acusaciones recogidas corresponden a la posición de la Fiscalía y deberán distinguirse de aquellos hechos que hayan sido establecidos mediante resoluciones judiciales firmes.
