El taller, de 24 horas de duración, fue inaugurado por el Director General de Salud Mental y Estupefacientes, Hilario Ondo Edjang, acompañado por el Inspector General de Sanidad encargado de la Región Continental, Manuel Eribo, y la experta en salud mental de UNICEF, Cristina Matos López.
Durante la capacitación se abordan aspectos relacionados con la forma adecuada de entrevistar a menores que hayan podido sufrir situaciones de violencia, la correcta canalización de los casos y la prestación de una atención integral orientada a garantizar su protección y bienestar.
Los responsables sanitarios subrayan que los menores víctimas de violencia pueden quedar expuestos a nuevas situaciones de victimización durante el proceso de atención si no se aplican procedimientos adecuados. Por ello, consideran necesario dotar al personal sanitario de herramientas que permitan intervenir de manera oportuna, respetuosa y especializada.
El programa incorpora igualmente contenidos relacionados con la salud mental de los menores, teniendo en cuenta que las experiencias de violencia durante la infancia y la adolescencia pueden repercutir en su desarrollo emocional y social.
Los formadores destacan la importancia de una intervención temprana y adecuada para favorecer la recuperación de los menores, reducir las consecuencias de la violencia sufrida y contribuir a que puedan continuar con normalidad su formación y desarrollo personal.
La capacitación busca, además, que los profesionales sanitarios puedan reconocer situaciones que requieran una atención especializada y activar los mecanismos correspondientes de protección y seguimiento.
Una vez concluida la formación, los conocimientos adquiridos serán trasladados a los diferentes distritos sanitarios, con el objetivo de ampliar las capacidades del personal que trabaja directamente con la población.
Esta estrategia pretende reforzar el sistema de protección de la infancia y favorecer una respuesta más temprana ante posibles casos de violencia, evitando que las situaciones lleguen a niveles de gravedad que requieran la intervención de otras instituciones.
La iniciativa pone de relieve la importancia de fortalecer la coordinación entre los servicios sanitarios y los mecanismos de protección de la infancia para garantizar una atención integral a los menores y preservar tanto su bienestar físico como su salud mental.
