La decisión se produce tras la presentación de un informe preliminar de la Gendarmería Nacional, en el que se revela la existencia de un presunto esquema de producción y venta irregular de permisos de conducir de categoría “B”, mediante una imprenta privada vinculada a los implicados.Según el documento, desde el año 2021 no existen registros estadísticos claros sobre la producción de estos permisos, hasta que en 2025 se contabilizó la impresión de 947 unidades entre las ciudades de Bata y Malabo.
Las investigaciones señalan que el sistema de emisión sufrió modificaciones en 2021, cuando se autorizó la expedición de permisos con validez de un año, a propuesta de la Dirección General de Tráfico y con aprobación del entonces Primer Ministro. A partir de entonces, se habría contratado a una imprenta privada para la producción de los documentos, los cuales debían ser validados y comercializados por la Tesorería General, aunque esta última asegura no haber recibido dichos materiales.De acuerdo con las primeras pesquisas, en Malabo se habría establecido un mecanismo en el que los implicados adquirían las placas a un costo aproximado de 5.000 FCFA, las vendían a 35.000 FCFA y declaraban parcialmente los ingresos al Tesoro Público, repartiéndose el resto. En Bata, un esquema similar habría sido ejecutado, pero sin registro de ingresos oficiales, generando beneficios que ascienden a millones de francos CFA.Ante estas revelaciones, el Vicepresidente ha instruido a la Gendarmería y a la Tesorería General a verificar los ingresos declarados y determinar el alcance real de las irregularidades.Como medida cautelar, los implicados han sido suspendidos de sus funciones y salarios hasta que concluyan las investigaciones, en un proceso que busca esclarecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión pública.
