La Gendarmería Nacional ha abierto una investigación sobre la gestión de GPETROL Servicios tras detectar indicios de una estructura organizada dedicada al desvío de fondos y al cobro sistemático de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos.
Según las primeras informaciones, tanto exdirectores como responsables actuales de la empresa paraestatal habrían participado en un esquema en el que determinadas empresas obtenían contratos a cambio de pagos directos a miembros de la dirección.
Uno de los casos más reveladores es el de la empresa Kentia, encargada del desarrollo de un aplicativo informático. El servicio, inicialmente valorado entre 60 y 70 millones de francos CFA, fue finalmente facturado por 180 millones, tras indicaciones internas. La diferencia, superior al 200% del valor real, habría sido repartida entre los implicados.
El propio responsable de la empresa reconoció los hechos:“Sí, estaba entre 60 y 70, luego llegamos a 180”, admitiendo así la manipulación de los costos bajo instrucciones.
En la misma línea se sitúa la empresa SOTRASUP, especializada en infraestructuras petroleras, que también habría pagado comisiones a directivos de GPETROL Servicios tras la adjudicación directa de contratos sin proceso de licitación. Según las investigaciones, estos pagos oscilaban entre los 100 y 140 millones de francos CFA por contrato.Un representante de la empresa declaró:“Entregamos 100 millones en el primer proyecto y 140 millones en el segundo”, confirmando la existencia de pagos sistemáticos ligados a la obtención de contratos.
Las confesiones no se limitan a las empresas. Varios directivos de GEPETROL Servicios han reconocido haber recibido estos fondos, lo que, según la comisión de investigación, confirma la existencia de un sistema interno de corrupción estructurada.
Uno de los implicados detalló incluso el reparto de las comisiones:“40 millones para el director general, 20 para el director, 20 para el director informático, 10 para el adjunto y 5 para el financiero adjunto”.
Asimismo, se han identificado prácticas en las que empresas ofrecían directamente porcentajes de sus beneficios a la dirección a cambio de adjudicaciones, consolidando un modelo de corrupción basado en acuerdos previos y reparto interno.
Este caso pone en evidencia posibles fallos graves en los mecanismos de control y transparencia dentro de una de las principales empresas públicas del país.
La investigación continúa abierta y no se descarta que en los próximos días salgan a la luz nuevas implicaciones, ampliando el alcance de una trama que ya genera gran preocupación en la opinión pública.
