Las diligencias iniciadas semanas atrás sobre la gestión del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO) continúan revelando nuevos elementos que apuntan a un patrón reiterado de irregularidades en la adjudicación de contratos.
Según las investigaciones, varios procesos de licitación habrían sido utilizados como mecanismo formal para justificar contratos previamente definidos, muchos de ellos vinculados a intereses personales de responsables dentro de la institución.
Uno de los casos más relevantes es el contrato adjudicado a la empresa Catering Babel, dirigida por Isabel Donbidán. La propia responsable reconoció públicamente no haber ganado la licitación, pero haber sido posteriormente llamada para firmar el contrato, alegando confianza en su trabajo por parte de los responsables.
Este contrato sustituyó a un servicio previamente prestado por la empresa Lumeco por un valor de 37,5 millones de francos CFA mensuales, elevándose posteriormente a más de 71 millones al mes. Las investigaciones apuntan a posibles vínculos personales con responsables del INSESO y a un sistema de reparto de beneficios tras cubrir los gastos operativos, lo que podría constituir comisiones encubiertas.
En paralelo, se han detectado irregularidades en la prestación de servicios inexistentes o duplicados. El hospital de Luba, inoperativo desde hace años, continúa generando facturación por trabajos de mantenimiento y recogida de residuos.
En este contexto, la empresa Multiservicios Borilo, vinculada al entorno municipal, figura como adjudicataria de dichos servicios. Sin embargo, la falta de actividad en el centro pone en duda la legitimidad de estos contratos. Además, otra empresa también estaría cobrando por servicios similares en el mismo lugar, lo que refuerza las sospechas de duplicidad.
Algunas declaraciones recogidas en el marco de la investigación indican que varios contratos fueron adjudicados sin proceso competitivo, mediante llamadas directas para su firma, lo que cuestiona la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Las investigaciones también apuntan a la posible implicación de autoridades locales en la concesión de estos contratos, ampliando el alcance de un caso que sigue generando preocupación en la opinión pública.
El proceso continúa abierto y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos datos que permitan esclarecer la magnitud de las irregularidades detectadas.
