En una conversación centrada en la protección del bien común y el respeto a las infraestructuras públicas, el coordinador regional de SEGESA Mitogo explicó el contexto técnico y legal que rodea la instalación de cajas de distribución y postes de alumbrado público en la ciudad.
Pregunta: ¿Por qué es tan delicado el tema de los armarios eléctricos en zonas residenciales?
Respuesta:
Porque estamos hablando de infraestructura pública estratégica. El Gobierno, a través del , ha realizado una planificación acorde al crecimiento urbano de Bata. Los armarios eléctricos no están colocados de manera improvisada; responden a un diseño técnico que garantiza el suministro en cada sector.
Cuando un particular decide mover o desenterrar uno de estos equipos sin autorización, altera todo el sistema. No es solo un asunto individual, es un problema colectivo.
Pregunta: ¿Qué procedimiento debe seguir un ciudadano que desea construir y encuentra una caja de distribución en su terreno?
Respuesta:
El procedimiento es claro. Primero debe obtener la licencia en el ayuntamiento. Si detecta que su proyecto afecta a una infraestructura eléctrica, debe acudir a SEGESA, que es la entidad gestora, o al Ministerio. Allí se estudia el caso y se determina la solución técnica adecuada.
Lo que no se puede permitir es una intervención unilateral sobre un bien del Estado.
Pregunta: ¿Qué consecuencias puede tener esa intervención indebida?
Respuesta:
Las consecuencias pueden ser graves. Desde fallas técnicas que generen apagones hasta riesgos directos para la vida humana. Estos armarios están fabricados con materiales resistentes y adaptados al clima de Guinea Ecuatorial, incluso con protección contra incendios. Pero si uno llega a incendiarse, significa que ha habido una manipulación o una sobrecarga importante.
Introducir un armario eléctrico dentro de una vivienda es extremadamente peligroso. En caso de emergencia, la capacidad de respuesta se reduce y el riesgo se multiplica.
Pregunta: También se han reportado daños en postes de alumbrado público. ¿Qué impacto tiene esto?
Respuesta:
Es un impacto económico y estructural. En Bata ya se observan varios báculos dañados. Son inversiones millonarias. Mientras el Estado busca recursos para ampliar la electrificación a barrios que aún carecen de alumbrado público, debe destinar fondos a reparar daños provocados por actos irresponsables. Eso retrasa el desarrollo.
Pregunta: ¿Qué está haciendo SEGESA para revertir esta situación?
Respuesta:
Estamos trabajando en campañas de sensibilización para que la población entienda que la infraestructura eléctrica es un bien común. No pertenece a una persona, sino a todos. Pedimos colaboración ciudadana. Si alguien observa prácticas irregulares, debe informar. La protección del sistema eléctrico es una responsabilidad compartida.
El coordinador regional concluyó la entrevista con un mensaje directo: la red eléctrica es un pilar del desarrollo urbano y su integridad depende tanto de la planificación institucional como del compromiso ciudadano. “Respetar la infraestructura pública”, afirmó, “es garantizar seguridad, progreso y estabilidad para todos”.
