La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer la transparencia, la gobernanza y la gestión de las finanzas públicas, en el marco de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acto de apertura estuvo presidido por el director general de la Caja Autónoma y Amortización de la Deuda Pública, Rubén Edjang Bibang Oyana, en representación del ministro de Hacienda, Presupuesto y Planificación Nacional. Durante su intervención, destacó que la calidad del informe dependerá del trabajo de los técnicos encargados del manejo y procesamiento de la información, por lo que les instó a participar activamente y aprovechar los conocimientos impartidos durante la formación.
El taller se desarrolla como continuación de la misión iniciada el pasado 27 de julio y forma parte de la agenda establecida por el Ejecutivo para cumplir las medidas cuantitativas y cualitativas acordadas en el Programa Supervisado del Personal (PSP) con el FMI. El Informe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) constituye el último requisito pendiente para completar con éxito la validación de dicho programa.
La capacitación tiene como finalidad fortalecer las capacidades de los participantes en los procesos de manejo, procesamiento y suministro de la información requerida para la elaboración del informe, además de profundizar en la importancia de este instrumento para un país productor de hidrocarburos como Guinea Ecuatorial.
Durante la jornada, el jefe de misión, Karim Lourimi, presentó los objetivos del proceso de preparación del Informe EITI 2024 y explicó la metodología de recopilación de datos, haciendo especial énfasis en la calidad de la información que deberán aportar las entidades públicas y privadas relacionadas con la cadena de valor de las industrias extractivas.
Al clausurar su intervención, Lourimi recordó que el éxito del informe dependerá de la colaboración de todas las instituciones implicadas, al tratarse de una herramienta esencial para promover la transparencia y la buena gobernanza en la gestión de los recursos extractivos, además de contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
